Tras casi cuatro meses de espera, el Tribunal de Schleswig-Holstein anunció que Carles Puigdemont será extraditado a España por malversación de caudales públicos. El tribunal alemán no ha tenido en cuenta los delitos de rebelión y sedición de los que acusaba el Tribunal Supremo español al anterior presidente de la Generalitat.
Por desgracia, la tan cacareada colaboración entre los países miembros de la Unión Europea ha brillado por su ausencia y Alemania no ha dado importancia a la gravísima ruptura promovida por el cabecilla secesionista. Estamos convencidos que, de haber tenido lugar en su territorio, Alemania no hubiera consentido a ningún secesionista llamando a quebrar su integridad territorial.
El anterior Gobierno del Partido Popular cometió un gran error creyendo que los jueces alemanes, totalmente ajenos a nuestros asuntos, estarían dispuestos a castigar judicialmente a Puigdemont. La apelación a la Unión Europea ha sido inútil, entre otros aspectos, porque al gran monstruo burocrático de Bruselas le traen sin cuidado los conflictos internos mientras no supongan una amenaza a la estabilidad del poder político y económico neoliberal. Carles Puigdemont, ya sea dentro del Estado español o de un hipotético Estado catalán, es un siervo declarado de la oligarquía capitalista y a la Unión Europea le preocupa poco su pulso de poder con otros políticos con quienes comparte servidumbre.
Falange Española de las JONS reivindica la necesidad de que sea España quien juzgue por sus diversos delitos a Carles Puigdemont y al resto de políticos secesionistas huidos desde hace meses para eludir sus responsabilidades penales. Pero la unidad de España no debe defenderse tan solo en los juzgados: es urgente ilegalizar a las organizaciones secesionistas de todo pelaje que campan a sus anchas con el beneplácito del Régimen constitucional de 1978, al igual que es urgente recuperar la competencia educativa para el Estado y retirarla a las autonomías.
Falange Española de las JONS
