El Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad la petición de los autodenominados “partidos constitucionalistas” de suspender el pleno parlamentario del próximo 9 de noviembre, en el que se debatirá, si nadie lo remedia, el inicio del proceso separatista. Además, el Pleno del Constitucional acordó mantener la suspensión cautelar que desde el pasado 7 de julio pesa sobre el decreto con el que la Generalitat de Cataluña creó el “Comisionado para la Transición Nacional”, así como sobre el “Plan Ejecutivo para la Preparación de las Estructuras de Estado”. Esas dos actuaciones de la “Generalitat” fueron impugnadas también por el Gobierno y formaban parte de los pasos de las autoridades de Cataluña hacia la independencia.
Toda esta astracanada tiene todos los visos de explotar en las horas previas a las elecciones generales. Y de nuevo Rajoy se esconde: el Gobierno, que tiene fe ciega en el podrido sistema constitucional, tan sólo se ha limitado a anunciar la impugnación de la resolución del parlamento catalán. Y todo parece apuntar a que, si finalmente no se llegase a aprobar un documento separatista, todo este episodio quedaría en agua de borrajas, sin la necesaria depuración de responsabilidades políticas y penales. Pero si por el contrario se da un paso más en la ruptura, habrá un innecesario diálogo que llevará a un gran pacto, auspiciado por la Corona, para tornar el estado autonómico en una España federal.
España debe salvaguardar su integridad al margen del boato constitucionalista. El régimen que ha causado el problema no puede ser la solución. No se puede jugar constantemente al juego del ratón y el gato: el pueblo español necesita un dirigente con capacidad para mantener firmemente la Unidad de España, con coraje suficiente para no dejarse amilanar por el separatismo y con un acendrado espíritu patriótico. Por desgracia para los españoles, ninguno de los candidatos a las Cortes Generales está a la altura.
Falange Española de las JONS
