Parecía complicado que los representantes públicos pudieran ir más allá, en lo que a demagogia sensacionalista se refiere, de las lamentables declaraciones en el debate sobre la prisión permanente revisable. Pero han vuelto a cruzar otra línea en su particular empeño por normalizar lo intolerable.
Ahora es el reciente fallecimiento de un inmigrante senegalés (quien, al parecer, no sería un mantero ni habría escapado de ninguna persecución policial) lo que ha lanzado a la nueva casta, desoyendo sus propios consejos sobre no actuar en caliente, a depurar responsabilidades.
Poco les importa que individuos vinculados a la extrema izquierda –bandas de presuntos antisistema que ejercen la violencia contra personas y propiedades con la impunidad que les da el sistema al que dicen combatir– junto con colectivos inmigrantes, hayan convertido el madrileño barrio de Lavapiés en una batalla campal en la línea de lo sufrido en otras ciudades europeas.
Que los autoproclamados gobiernos del cambio son cómplices de las mafias explotadoras de seres humanos es evidente. Los actuales gobiernos de Madrid y Barcelona no sólo se han volcado en cooperar con los “sindicatos” de vendedores ambulantes, cuando todos sabemos que la venta ambulante está sujeta a normativas que estos colectivos violan impunemente, sino que también les han llamado a dejar sus países y venir a vivir un sueño español que no existe. El modelo de sociedad multicultural promovido por el liberalcapitalismo se ha demostrado fracasado desde hace mucho tiempo y en varios países, pero hay quien no lo comprende y por ello insiste en levantar más “guettos”. Se nota que los posibles incidentes violentos, el tráfico de drogas, la prostitución y otros serios problemas vinculados con la inmigración irregular no van a sufrirlos en sus barrios ni la vieja casta bipartidista ni la nueva casta.
Los españoles, al igual que la inmensa mayoría de los inmigrantes residentes en nuestro país, desean vivir en entornos tranquilos. Nuestro país necesita otra política que haga cumplir las leyes y garantice la seguridad en los barrios y pueblos de toda España. Esta política no va a venir de manos de la clase política, vieja o nueva, que ve en la inmigración un caladero de futuros votantes y un aluvión de mano de obra barata con la que equilibrar sus balanzas macroeconómicas. Frente a la irresponsabilidad de los actuales gobernantes, Falange Española de las JONS defiende la necesidad de hacer cumplir las leyes, de garantizar la seguridad en las calles, y de vigilar quién y cómo entra en nuestras fronteras desde el extranjero, expulsando si es necesario a todos aquellos que acudan a nuestro país a delinquir.
Falange Española de las JONS
