La detención de Puigdemont no elimina el riesgo de fractura de España. Hay que ilegalizar a los grupos secesionistas

Tras varios meses moviéndose tranquilamente por varios países europeos, ayer conocíamos la detención de Carles Puigdemont en Alemania.

Sin duda es una buena noticia, que los oportunistas defensores del Régimen de 1978 han presentado como un síntoma de lo bien que funcionarían los mecanismos de la Unión Europea y del Estado de Derecho. Los falangistas, en cambio, no podemos compartir su entusiasmo.

Desde el pasado 1 de octubre de 2017 hemos asistido a una campaña mediática brutal donde la verdad quedaba en un ultimísimo plano. Los secesionistas, amparados en las instituciones autonómicas gracias a las concesiones del bipartidismo, camuflaban su deseo de romper la unidad territorial de España bajo un eufemístico deseo de votar el futuro de Cataluña en un referéndum. El Gobierno del Partido Popular toleró esta nueva farsa, aún más agresiva en su discurso que la de 2014, y cuando quiso reaccionar lo hizo mal y tarde, dejando a la Policía Nacional maniatada en su despliegue por Cataluña; sin olvidar tampoco como otro cuerpo policial, la Guardia Civil, sufrió ataques en sus vehículos durante una operación. El secesionismo se sintió inmune a causa de la dejadez con que los gobiernos lo han afrontado y los días previos al 1 de octubre así lo confirmaron.

Por fortuna, miles de españoles salieron a defender la unidad nacional en diferentes ciudades de nuestro país y, aunque tardíamente, eso obligó al Gobierno a reaccionar. La aplicación del artículo 155 era una solución temporal que los falangistas llevamos años proponiendo para comenzar a enmendar el rumbo de España. Sin embargo, el Partido Popular no ha sido capaz de aplicarlo hasta que el problema ha sido demasiado grave, con el agravante de no haber retirado a los secesionistas un arma tan peligrosa como la televisión autonómica TV3. A esta aplicación tardía hay que sumar el error de convocar unas nuevas elecciones autonómicas donde los secesionistas pudieron volver a presentarse, con el mismo discurso e intenciones de siempre. Entre tanto, Carles Puigdemont y otros representantes secesionistas huyeron de la Justicia para eludir las consecuencias judiciales de sus actos. Esto es lo que la propaganda secesionista ha convertido en un supuesto exilio y persecución ideológica.

Resulta imprescindible recordar todo esto si se quiere comprender correctamente la situación en que nos encontramos. Carles Puigdemont ha sido detenido por el mismo entramado constitucional que ha tolerado y fomentado el auge de los secesionistas, el mismo que los ha subvencionado durante décadas y que es responsable de todo lo que España lleva sufriendo en los últimos años. El deseo del Partido Popular es que los secesionistas, sobre todo sus antaño socios convergentes, vuelvan a la senda constitucional y a los tiempos del 3 %; lo mismo desean en el Partido Socialista, que quiere premiarles con la propuesta de un Estado Federal. Podemos y Ciudadanos, a pesar de sus aparentes nuevos discursos, también apuestan por mantener el nocivo Estado de las Autonomías que ha alimentado las estrategias secesionistas.

Falange Española de las JONS desconfía radicalmente del Régimen de 1978. Desde hace décadas hemos advertido de los problemas que traería el modelo autonómico y los hechos no han dejado de darnos la razón. Hay que ilegalizar a los secesionistas y recuperar la competencia educativa para el Estado, al igual que otras como las de Seguridad y Sanidad que han sido dejadas de lado por la Generalitat en pos del desafío a todos los españoles. Y tampoco debe olvidarse que esto no ha acabado. El cáncer engendrado por el Estado Autonómico es un problema que va a sobrevivir al actual procés. La violencia desatada por los secesionistas ayer en Cataluña, con agresiones a personas que portaban la bandera española y a sus hasta hace poco queridos Mossos de Esquadra, son razones más que suficientes para temer que el desafío retorne en unos años, independientemente del futuro de Carles Puigdemont y otros representantes políticos.

Falange Española de las JONS