Otro triunfo del sistema: La financiación ilegal de los partidos no será delito

1358508073_0España lleva varias décadas desenvolviéndose en un entorno político, partitocrático y cleptocrático, en el cual está sobradamente demostrado, que las “principales formaciones” llevan más de tres lustros financiándose de forma ilegal. PP, CiU, PSOE, y pequeños escándalos que en menor medida han afectados a partidos como IU a nivel regional parecen haber hecho salar las alarmas del régimen. De tal manera están unidas la corrupción, financiación ilegal y partidos, que han tenido que buscar urgentemente una medida de choque que salvaguarde su propia existencia.

Por ello bien sencillo le ha resultado al gobierno del Partido Popular, y a su justiciero ministro, encontrar la solución a un problema que podría dar al traste con todo el sistema y, de forma irremediable, con el régimen que actualmente lidera el partido en el Poder: Despenalizar la ilegalidad que supone las vias irregulares de financiación: fuera el delito y fuera el problema.

corrupcic3b3n-psoe-el-mundo-detapa-filesa-jesc3bas-cacho-el-pac3ads-hunde-al-juez-1991_std.originalEn las próximas semanas observaremos la realidad de dicha reforma que, por otro lado, y debido a las aparentes prisas que Ministerio y Gobierno parecen tener porque dicha reforma se lleve a cabo con la mayor prontitud posible (dándole prioridad sobre la electoralmente prometida reforma de la Ley del Aborto), parece en realidad una huida hacia adelante que pretende por todos los medios, habidos y por haber librar al Partido Popular de las consecuencias y responsabilidades, tanto políticas como judiciales, que el retorcido y hediondo “Caso Gurtel-Bárcenas” (en realidad un PPGate a la española), pueda tener sobre una gran parte de dirigentes de dicha formación, actuales y pretéritos; presidente de la Nación incluido.

La clave de este proyecto legislativo es la “simplificación del delito de cohecho” con el fin de “incrementar su eficacia como instrumento de lucha contra la corrupción”, cuando precisamente es el cohecho una de las vías más comunes para que desde las administraciones públicas, una legión de funcionarios corrompidos puedan financiar ilegalmente a sus partidos. De esta forma,  si se sanciona la aceptación, recepción o solicitud de la dádiva o el soborno sin vincularlo al acto que realiza después el funcionario, como hasta ahora, que resultaba necesario justificar una conexión entre el soborno y la actuación del empleado público… ¿Cómo quedarán en adelante, a efectos legales, los corruptos beneficiarios de las acciones ejecutadas a su favor por parte de quien “se deja corromper” o “es aficionado a la utilización de su cargo en beneficio propio”?

Viendo el asunto de esta manera, con la nueva ley parece más sencillo aún caer en la financiación ilegal (que ya no lo sería por virtud de la ley), porque sorprendiendo al receptor de las “donaciones” en delito, pasado el tiempo, sería únicamente él quien debiera rendir cuentas a la Justicia por sus actos. Dicho de otro modo: se desvincula la cadena formada por corrupción y financiación ilegal, al caer en el peso del corrupto y no del partido la comisión del delito. Es la defensa que el PP hace del caso Bárcenas llevado al extremo.

Los falangistas queremos limpiar este hediondo panorama político. Traemos aire limpio. Perseguiremos implacablemente la corrupción política (en más de 35 años ninguno de nuestros alcaldes o concejales ha estado implicado en casos de corrupción o financiación ilegal).

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