El problema de la profesionalización de la ciencia en España sigue enquistado.
La disposición adicional 34 de la Ley de Presupuestos Generales de 2017, ha motivado la paralización de contrataciones y renovaciones de contratos a científicos españoles. La Ley de la Ciencia, aprobada en 2011, establece excepciones para estas contrataciones en universidades y organismos públicos de investigación. Sin embargo, la Ley de la Ciencia se deja fuera a fundaciones científicas, por lo que instituciones como el CSIC, plantean ya no renovar a doctorados y postdoctorados de diferentes ramas para cumplir con el cambio normativo que obligaba a hacer indefinidos a los contratados temporalmente varias veces.
El problema viene de atrás. Los científicos españoles (físicos, médicos, biólogos, arqueólogos, oncólogos…) mantienen una precariedad laboral secular. Ya fue un logro conseguir que las becas doctorales cotizasen en la seguridad social, pero aquella medida no consiguió mejorar las carreras de muchos investigadores de vocación, tan necesarios, que en muchas ocasiones ven cerradas sus vías de financiación a mitad de un gran proyecto de investigación.
La ciencia en España no es una prioridad para el Gobierno del PP, que prefiere engañar a legiones de “emprendedores”, sin tener en cuenta que la industria científica es un gran polo de desarrollo y que, si no se remedia esta situación, seguiremos con permanentes fugas de cerebros, y estaremos a la cola de I+D+i.
Por ello Falange Española de las JONS propone la creación de un Plan Estratégico de Ciencia y tecnología, donde tengan prioridad las líneas de investigación ya abiertas, y donde se garanticen los derechos laborales de los científicos españoles.
Falange Española de las JONS
