Ingreso Mínimo Vital: clientelismo sin justicia social

El anuncio por parte del gobierno de implantar un Ingreso Mínimo Vital (IMV) puede parecer a primera vista, una medida de Justicia Social con la que los falangistas podríamos estar de acuerdo.

Sin embargo, una vez estudiada la motivación y desarrollo de la medida y si bien estamos de acuerdo en la necesidad de articular mecanismos de emergencia social para los empobrecidos, no compartimos el planteamiento del IMV aprobado por el gabinete Sánchez-Iglesias por las siguientes razones:

1). ¿Ayuda de emergencia o parche televisivo? El presidente ha anunciado este conjunto de medidas como «Una medida histórica en nuestra democracia reciente para que nadie se quede atrás». Lo cierto es que, en España, las familias más pobres tienen acceso a productos y servicios básicos desde hace años, a través de la red asistencial de entidades como Cáritas Diocesana, los Servicios Sociales y algunas ONGs. Además, diferentes autonomías tienen implantado ya “rentas mínimas de inserción” y otros mecanismos de ayudas ciudadanas con requisitos específicos. Por lo tanto, el argumento que defiende la implantación del IMV para facilitar el acceso a bienes de primera necesidad no es cierto del todo, y busca por crear un efecto mediático destinado a lavar la imagen del gobierno.

2). El IMV llega tarde y llega mal. El gobierno anuncia a bombo y platillo la aprobación del IVM, mientras que cientos de miles de asalariados continúan sin cobrar los ERTEs después de casi tres meses de espera.

3). El IMV no fomenta la búsqueda de empleo. Impulsará, eso sí, la economía sumergida, pues a muchos trabajadores les ofrecerán la posibilidad de complementar sus ingresos con trabajos esporádicos y precarios sin darles de alta en la Seguridad Social.

4). El IMV debe ser temporal. Si el IMV es una ayuda de emergencia, debe estipular el inicio y fin de la ayuda. De lo contrario se convierte en un instrumento con el que premiar la inactividad, castigando a los trabajadores.

5). El IMV es injusto, porque crea agravios comparativos entre aquellos españoles empobrecidos que llevan toda la vida cotizando y han agotado su subsidio de desempleo, y los inmigrantes con permiso de residencia y refugiados, a quienes únicamente se exige residir legalmente en España durante un año y figurar como demandantes de empleo, aunque no hayan cotizado antes. Además, deja fuera de la ayuda a los ciudadanos entre 18 y 23 años que estén emancipados, y en riesgo de vulnerabilidad.

6). El IMV es el paso previo a la implantación de una Renta Básica Universal. Sin negar la necesaria articulación de medidas de apoyo a los españoles más vulnerables, creemos que debe implantarse un sistema de seguimiento y control apropiado para evitar los ciudadanos menos productivos de la sociedad vivan a costa de los trabajadores.

Se debe evitar que una ayuda tan necesaria para tantos hogares que quieren y no pueden trabajar, se convierta en una verdadera “sopa boba” del siglo XXI para muchos que nunca han tenido oficio ni beneficio por no compartir los valores cívicos de vida en sociedad.

7). El IMV es un parche, no una solución. España lleva demasiadas décadas precarizando su ámbito laboral, con contratos inasumibles para el trabajador. Los diferentes gobiernos han permitido sueldos multimillonarios a expolíticos mientras que los que menos recursos tienen se ven obligados a aceptar trabajos con condiciones indignas. España debe acabar con el viciado capitalismo salvaje que se ha asentado en nuestra economía, y velar por la eliminación de las estructuras que empobrecen al pueblo español, devolver la fortaleza a las pequeñas empresas para favorecer la contratación de trabajadores en condiciones adecuadas. Todo lo demás son parches que, si bien amortiguan la situación emergencia, no solucionan el problema.

Por todo ello, desde Falange Española de las JONS exigimos al gobierno que la mejor ayuda que puede proporcionar al pueblo español es que asuma sus responsabilidades con los ERTEs adeudados a los trabajadores; que, en lugar de destruir empleo, se fomente por todos los medios y que se exijan contraprestaciones a las ayudas de emergencia social, si lo que queremos es eliminar las estructuras que crean pobreza en España.

Desde FEJONS proponemos como alternativa un Plan de Trabajo Garantizado del que se beneficien solo los desempleados españoles, para evitar un nuevo “efecto llamada” a la inmigración ilegal, por el que se garantice un ingreso mínimo familiar a cambio de la prestación de trabajos en el ámbito asistencial, deportivo, medioambiental o cultural, de forma que esta ayuda redunde en beneficios para la comunidad.

Junto con este plan, deben reforzarse los talleres de empleo públicos y acometerse una profunda reforma del SEPE, que no sirve para crear trabajo sino para mantener la precarización del sistema laboral, y el fomento y estímulo del tejido empresarial del país para aumentar las contrataciones. Solo así terminaremos con la lacra de la pobreza, verdadero mal endémico que llevamos soportando demasiadas décadas.

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