La Casa Real mantiene su ofensiva contra la Justicia, moviendo ficha. Los peritos de Hacienda y el abogado de la Infanta, el separatista Miguel Roca, han cerrado filas en torno a la Infanta, y en contra de los argumentos del Juez Castro, quien lleva ya dos años investigando la trama delictiva del caso Noos, mediante la que la hija y el yerno del Rey habrían estafado dinero público mediante contratos no realizados y facturas infladas, situación que el propio monarca tenía conocimiento tres años antes de que ocurriese.
Si a estos argumentos añadimos las pruebas documentales que ha recopilado el juez Castro, poco avezado hay que ser para ver que existe una trama delictiva y organizada, cuyo único fin es el lucro y el aumento del patrimonio de los duques, y del tercero en discordia, el socio Diego Torres. Una trama, que ha salpicado a altos dirigentes del PP como Rita Barberá, Gallardón y algunas conexiones con la trama Gürtel.
El juez Castro se encuentra en una dificil situación, ante la pinza que se está cerrando en torno a él. Existe una gran caza de brujas en la Audiencia nacional, donde se está planificando el futuro de algunos jueces incómodos como Silva, Ruz o Castro.
Esto ocurre en un país, en el que los partidos controlan el poder judicial, que debería ser independiente para ser justo, y nos lo venden como un ejercicio de libertad democrática. Si en España existiera la verdadera democracia, si en España fuera el pueblo quien gobernase, existiría justicia. Existiría honradez en política, y viviriamos en república.
Falange Española de las JONS
