La prensa lleva alrededor de un mes divulgando cada nuevo detalle de la polémica suscitada en torno a Cristina Cifuentes y la Universidad Rey Juan Carlos. Pocos creerán ya que la Presidenta de la Comunidad de Madrid recibió algo más que un buen trato de favor al cursar un máster en dicho centro universitario. Si las malas excusas de la política popular estaban más que cogidas con alfileres, el esperpéntico espectáculo ofrecido por la Universidad (con falsificación de documentos oficiales reconocida) ha puesto en entredicho el nivel de las titulaciones de todos sus alumnos. Quien filtró esta información, no hay duda que muy interesada a un año de campañas electorales, sabía muy bien lo que hacía.
Es muy propio de las sociedades desarrolladas como la nuestra que un buen titular atraiga más la atención que un problema de fondo. Por ejemplo, no deja de ser llamativo cómo este escándalo del máster de Cristina Cifuentes ha sembrado más discordia en el Partido Popular de Madrid que todos los escándalos de corrupción, antiguos cargos detenidos y sumisión absoluta a la ideología de género que en teoría rechaza un porcentaje nada desdeñable de su electorado habitual.
Otro aspecto a tener en cuenta han sido los daños colaterales provocados por este caso. Algunos dirigentes políticos han tenido que dar explicaciones sobre sus titulaciones, descubriéndose que no eran tan altas como habían hecho creer; otros, descubiertos en épocas más tranquilas, han tenido que volver a pasar por el trago de que su historial quede de nuevo en entredicho. Y es que los políticos profesionales de este país no se han caracterizado precisamente por las titulaciones académicas (que poco garantizan fuera de sus respectivos ámbitos profesionales), sino por vivir del entramado del Estado de las Autonomías y de la partitocracia imperante desde hace décadas.
No obstante, si una institución ha quedado muy malparada en toda esta polémica ha sido la Universidad Rey Juan Carlos. La connivencia entre la clase política profesional y las autoridades académicas ha quedado a la vista de todos y nos ha recordado hasta qué punto las universidades públicas, del mismo modo que los tribunales de justicia, están copadas y al servicio de determinados partidos políticos.
Falange Española de las JONS denuncia que, más allá de los titulares de la prensa, existe un problema de fondo que es urgente atajar. La autonomía de los centros universitarios debería ser una realidad y no un bonito eufemismo. El Estado de las Autonomías y la partitocracia son el problema. Las universidades públicas no pueden seguir utilizándose como terreno de los partidos políticos para sus intereses particulares. La instrucción de los estudiantes universitarios no debería verse afectada por escándalos que puedan repercutir en su futuro profesional.
Falange Española de las JONS
