El empeño de los grupos secesionistas por reabrir el caso de los GAL, algo a lo que Podemos se ha visto obligado a sumarse por una cuestión de imagen ante su público, nos deja un par de asuntos muy serios sobre los que reflexionar.
Por un lado, a los impulsores de la Ley de Memoria Histórica no parece agradarles que se remueva un pasado que creían muy bien oculto ante una sociedad que olvida fácilmente. La guerra sucia contra el terrorismo y la corrupción y chapuzas inherentes a la misma, al igual que las demás corruptelas del felipismo, se consideraban una etapa de la Historia de España sobre la que no había ninguna necesidad de revisión, al contrario que con otros acontecimientos precedentes. Los falangistas que hemos sufrido como nadie el revisionismo histórico de los hoy gobernantes no podemos más que desear, por una cuestión de justicia y de decencia, que los españoles recuerden los negros episodios vividos bajo los gobiernos de Felipe González; además del GAL, esos gobiernos socialistas deberían recordarse por la sumisión internacional a la OTAN y a los Estados Unidos, por la reconversión industrial que destruyó numerosos sectores productivos por orden de la Unión Europea, a la disminución del nivel de vida y el aumento del desempleo, entre otros sucesos de triste recuerdo. Si a los socialistas no les gusta que recuerden los trapos sucios de Felipe González se debe a que no desean que los españoles ignorantes de los mismos puedan comprobar que la imagen que les han vendido y la realidad no se corresponden en nada.
Por otra parte, Felipe González fue un buen servidor del Régimen de 1978 y el entramado de Bruselas y Washington al cual se entregó la soberanía española. Por eso, al igual que ha sucedido con las corruptelas vinculadas a Juan Carlos de Borbón, no sólo los diputados socialistas sino también los del Partido Popular y los de Vox se oponen a una comisión de investigación sobre la implicación del ex presidente socialista en el oscuro entramado de los GAL. Y esto nos da qué pensar: si la derecha suele acusar a los socialistas de la corrupción endémica que acompaña a sus gobiernos, ¿por qué motivo Partido Popular y Vox no quieren que los españoles conozcan la implicación de un ex presidente en la contratación de mercenarios chapuceros que por error asesinaron a personas que nada tenían que ver con el entorno etarra? Si la derecha presume tanto de lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho, ¿por qué no desea que se expongan públicamente las vergüenzas de quien se llenaba la boca hablando sobre las maravillas de la joven democracia pero, al mismo tiempo, operaba en las sombras como los regímenes de república bananera?
Los falangistas no rechazamos la gestión del felipismo por los mismos motivos que los secesionistas y podemitas: ellos, simplemente, sacan ahora el tema porque el terrorismo etarra ha sido blanqueado y necesitan justificar esa querencia que sienten por los herederos de los terroristas, sobre todo de cara a posibles pactos parlamentarios; nosotros, en cambio, sentimos una extrema repugnancia por un partido y un hombre cuyas políticas hipócritas no sirvieron, en el caso del terrorismo, más que para conceder una inmerecida autoridad moral a los terroristas y su entorno.
