Censura en las redes. Daño colateral del coronavirus

Una de las polémicas más sonadas del estado de alarma fue el reconocimiento, por parte de un representante de la Guardia Civil, de la vigilancia en las redes sociales ante presuntos bulos. Por bulos había que entender, según las instituciones, noticias falsas encaminadas a desestabilizar el país; en la práctica, bulo era todo aquello que no encajara con la propaganda del Gobierno socialista-podemita. Porque si de algo ha andado sobrado el actual Gobierno ha sido en difundir bulos, desde las diversas versiones sobre el encuentro entre José Ábalos y Delcy Rodríguez hasta cuál sería el efecto del coronavirus en España o la adquisición de materiales sanitarios, sin olvidar a los miles de trabajadores que todavía siguen esperando para cobrar sus ERTEs.

Ahora la vigilancia sobre las redes sociales se centra en las convocatorias para protestar contra la gestión del Gobierno, comenzadas por los despectivamente señalados como “cayetanos” del barrio de Salamanca de Madrid por parte de la izquierda progre (cuyos portavoces viven en barrios bastante acomodados económicamente) y con repercusión en barriadas obreras y en otras ciudades más allá de la capital madrileña; todo esto ante el disgusto evidente mostrado por esos grupos de delincuentes autodefinidos como “antifascistas” y que, en la práctica, ejercen como guardia de la porra de las instituciones del Régimen de 1978, esta vez bajo la excusa de defender barrios y sanidad pública ante la presunta amenaza contra los derechos sociales que encarnarían estos manifestantes.

A la vista de la tensión social que están provocando los mamporreros justificados por el Gobierno ante las legítimas protestas populares, no estaría mal que ordenaran a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado dedicaran más tiempo a identificar a los agresores (congregados no sólo para agredir, sino además obviando las medidas de seguridad sanitarias, como es el caso de las mascarillas y la distancia de seguridad a las que todos estamos en teoría obligados) que a buscar el origen de un tuit o un cartel compartido por WhatsApp.

Los falangistas tenemos muy claro que la indignación de los españoles ante un Gobierno mediocre, incompetente y criminal está más que justificada. Y protestar contra este Gobierno no significa estar en contra de la Sanidad pública, por más que los mediocres discursos panfletarios de los delincuentes callejeros y los rufianes antisistema de salón digan lo contrario justo ahora que les ha tocado padecer lo que antes llamaban “jarabe democrático”. España merece un Gobierno mejor que, entre otras medidas, dignifique el sector de la Sanidad en lugar de utilizarla para el habitual mercadeo electoral.

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