La igualdad de poderes no existe en España. En 1748 Montesquieu teorizó sobre la división de poderes en su obra El espíritu de las Leyes, en la que exponía que el poder ejecutivo es una de las tres facultades y funciones primordiales del Estado (junto con la legislativa y la judicial), consistente en hacer cumplir las leyes y que suele ejercer el gobierno o el propio jefe del Estado. Se distingue así del poder legislativo, que promulga o revoca leyes, y del poder judicial, que interpreta, hace respetar o invalida las mismas. En España, que durante los dos últimos siglos ha vivido bajo el paraguas de la Ilustración, el poder ejecutivo ha controlado al legislativo y al judicial, perjudicando a los ciudadanos.
El nuevo escándalo ha sido protagonizado una vez más por el PP, partido al que habría estado afiliado durante varios años nada menos que el juez Cobos, presidente del Tribunal Supremo.
Para colmo, el cadáver resucitado del juez Garzón, que nunca mide con igual rasero, aparece en escena para criticar ahora lo que él llevaba haciendo años, cuando se presentó a las Elecciones por el PSOE siendo magistrado de la Audiencia Nacional.
España necesita jueces independientes, que hagan Justicia con el pueblo Español, que defiendan a los más débiles de los ataques de los poderosos y, sobre todo, de manera ciega, justa y honrada. ¿Es tanto pedir?
