La eutanasia ni cura ni alivia: mata.
Comprendemos y compartimos la situación angustiosa de aquellos enfermos crónicos que han de vivir día tras día con dolor, inmovilidad o en estado vegetativo. Pero defendemos la vida desde su concepción y hasta su muerte natural, respetando en todo momento la dignidad de la persona, por lo que entendemos que nadie está legitimado para provocar la muerte de un enfermo cuyo dolor le impide, en numerosas ocasiones, discernir correctamente su situación. La compasión por el sufrimiento de un paciente no justifica la eutanasia ni el suicidio asistido. Ningún profesional sanitario debe prestarse a facilitar la muerte de un paciente. Conforme al Juramento Hipocrático que rige la ética médica, ningún sanitario debe proporcionar “ninguna droga letal a nadie, aunque se la pidan, ni sugerirá tal uso”. “Primum non nocere”, lo primero es no hacer daño. En caso de que el enfermo presente una enfermedad crónica e incurable, es deber del médico acompañar, y cuando ni aún esto sea posible, consolar. La eutanasia, como sucede con el aborto, convierte la muerte en un gran negocio, monetizando el sufrimiento humano en beneficio, en este caso, de las multinacionales farmacéuticas. Del mismo modo, los Estados y las organizaciones internacionales que promueven la eutanasia pretenden reducir el gasto público ahorrándose el coste de los tratamientos crónicos que pudieran requerir los enfermos. La eutanasia no es sino otra estrategia más de la “biopolítica” para diezmar las poblaciones, promoviendo la cultura de muerte. Debe impulsarse, en cambio, una Ley de Cuidados Paliativos que facilite a los enfermos crónicos el acceso, de forma gratuita, a todos los recursos sanitarios y asistenciales necesarios para lograr una calidad de vida óptima acorde a sus circunstancias, tanto en el plano físico como en el psicológico y el social y asistencial. Es imprescindible, además, que se garantice el derecho a la objeción de conciencia tanto de los médicos adjuntos como a los médicos internos residentes, ya que estos últimos están subordinados a sus superiores, y en ocasiones deben atenerse a lo que se les ordene. La vida y el bienestar del enfermo deben anteponerse siempre a cualquier otro interés. Las administraciones no pueden impulsar legislaciones que faciliten la muerte, sino que deben garantizar una vida digna a los enfermos hasta el momento de la muerte natural. ¡Sí a la vida! ¡No a la legalización de la eutanasia!
