Reconstruir España: medidas para afrontar la crisis originada por la Covid-19

La mala gestión económica y social que el Gobierno de coalición socialista-podemita ha llevado a cabo frente a la crisis sanitaria de la Covid-19 está teniendo efectos muy negativos en la economía española.

Jubilados, familias, asalariados precarios y autónomos con pequeños negocios o comercios tradicionales son los colectivos que más la están sufriendo.

El Gobierno de Sánchez e Iglesias ha dado prioridad a su agenda ideológica frente al bienestar e incluso la vida de las personas.

Falange Española de las JONS propone un paquete de medidas encaminadas a paliar los efectos de una crisis económica que ya venía anunciándose desde finales del último trimestre de 2019, pero que los últimos acontecimientos han contribuido a agravar notablemente.

Este programa de Reconstrucción Nacional persigue unos objetivos fundamentales:

  • Reducir el enorme gasto público que la sobredimensionada estructura administrativa y política del Estado soporta en la actualidad. Focalizar todo el esfuerzo del Estado en atender a los españoles afectados por la crisis.
  • Reorientar la política de ayudas y subvenciones a partidos, sindicatos y patronales para destinar ese dinero a paliar la emergencia social.
  • Estimular el consumo, la contratación de trabajadores y la creación de nuevas empresas para combatir el desempleo.

Para conseguir estos objetivos, estructuramos las medidas propuestas en tres fases: la primera de emergencia social, con el fin de solucionar a corto plazo los problemas alimentarios, energéticos y de vivienda de los más desfavorecidos por esta crisis. La segunda fase, de reactivación de la economía a través de la creación de condiciones atractivas para la creación de empleo, y estímulo del consumo. La tercera fase, de cambios estructurales que permitan un crecimiento sostenible de la economía, al tiempo que permita eliminar los nocivos problemas que arrastra este país desde hace décadas.

Emergencia social: soluciones a corto plazo

  1. Atención urgente a las familias en riesgo de exclusión. En España existe un porcentaje muy elevado de pobreza. Los empobrecidos son el eslabón más débil de la sociedad, hasta ahora solo atendidos por la iniciativa benéfica de organizaciones asistenciales como la Iglesia o la Cruz Roja. Por ello, las acciones encaminadas a atender sus necesidades básicas deben ser inmediatas.

Debe articularse un sistema de ayudas sociales de emergencia en primer lugar para, a continuación, poner en marcha los mecanismos necesarios para incorporar a estas personas al tejido productivo. El Estado velará por conectar a los parados con empleos en el campo o en aquellos sectores de difícil ocupación por trabajadores españoles.

En el caso de las ayudas directas para los casos de extrema necesidad, se deberán establecer los mecanismos adecuados para evitar el fraude y las conductas antisociales de aquellos que pretendan vivir exclusivamente de las ayudas públicas rehuyendo trabajar.

2. Test y control de fronteras. Los expertos de todos los países coinciden en que aún se sabe poco acerca del virus covid-19, lo que ha dificultado hacerle frente con eficacia. Por ello dedicaremos todos los esfuerzos necesarios para estudiar su comportamiento. La búsqueda de una vacuna ha de ser prioritaria para la investigación científica española, de manera que en el futuro nuestro país esté preparado para hacerle frente, salvando las nefastas repercusiones que hemos padecido en la actualidad.

Debemos conocer con la mayor precisión posible el número de personas contagiadas o que pueden convertirse en potenciales focos de infección. Solo así podremos volver a la vida cotidiana con seguridad para nuestros compañeros de trabajo, familias y amistades. Para ello exigimos pruebas instantáneas de temperatura, PCR, y tests de Covid 19, en todos los casos necesarios, especialmente sobre viajeros y personas que quieran entrar en nuestro país.

  1. Protección de los mayores. Los españoles de edad más avanzada han sido uno de los sectores más castigados por el virus, desde el punto de vista sanitario y social. Por ello, procuraremos políticas encaminadas a su bienestar, entre las que se incluye un Plan de Asistencia para Mayores, la revisión de las condiciones en las que se encuentran las residencias y el fomento de la contratación de cuidadores para aquellas familias que no puedan atenderlos debidamente. Se tendrá especial vigilancia y acompañamiento con los mayores en situación de soledad y las personas dependientes o con enfermedades crónicas.
  1. Plan de reinserción para el trabajador autónomo. Muchos trabajadores autónomos no están viéndose beneficiados por los planes del Gobierno por haber cesado su actividad unos días antes de la crisis. Otros miles no disponen de un subsidio para retomar su actividad una vez «echado el cierre». No es lógico que el Estado imponga el pago de un tributo a quienes no disponen de ingresos. Los trabajadores autónomos son uno de los colectivos más sufridos que existen, trabajan sin limitación de horarios y se juegan su patrimonio personal presente y futuro.

La solución no son los préstamos bancarios que prolongan los endeudamientos, como así ha articulado el Gobierno, sino facilitarle al autónomo el aplazamiento de su deuda o el acceso a financiación pública a coste cero y sin la intercesión de avales bancarios o contraavales. Para que un negocio sea viable tiene que tener beneficios y, si los costes fijos son altos, dificultan dicho objetivo.

Además, proponemos una ayuda temporal para la reactivación del negocio de los autónomos: la rebaja del IVA de las facturas al 10% y una reducción del IRPF de 10 puntos durante dos años, siempre que la facturación sea menor de 50.000 euros anuales.

  1. Diseño de un Plan de atenuación de ERTES, que busque la rápida readmisión de trabajadores en las empresas y que se persiga a aquellas que anuncien despidos masivos sin causa económica justificada.
  1. Reducción temporal de impuestos sobre hidrocarburos, energía eléctrica y agua como medida de ayuda a familias y micro-pymes y como medida de fomento del consumo, sin menoscabo de la nacionalización de estos recursos estratégicos del Estado en un futuro. 
  1. Reducción del número de ministerios actuales y reorganización de las funciones ministeriales de los cesantes. En medio de una crisis de estas dimensiones, España no puede permitirse el lujo de tener una estructura tan sobredimensionada y cuyas decisiones resultan políticamente ineficaces y económicamente inviables.

Reactivación de la economía: medidas a medio plazo

  1. Creación de una banca pública que permita el acceso al crédito a aquellos sectores vulnerables sin pasar por la intermediación de la banca privada, como paso previo a una verdadera nacionalización de la banca, tan necesaria en España para convertir el crédito en un servicio público y no en el negocio de unos pocos.

Deberá exigirse a la banca privada que se rija por los principios de lealtad, solidaridad y transparencia. Para ello exigimos que el Banco de España recupere las facultades supervisoras cedidas al Banco Central Europeo y redoble sus esfuerzos en la tarea de control e inspección.

  1. Devolución del dinero del rescate bancario al Tesoro Público. Hace una década, la banca fue rescatada por el pueblo español con un gran sacrificio. Justo es que se devuelvan aquellos créditos y se destinen a implantar políticas sociales dedicadas a los sectores más necesitados del pueblo español. Conscientes de que las consecuencias de las devoluciones de semejantes cantidades podrían desembocar en un fallo sistémico macroeconómico, comprometiendo la salud financiera de España, articularemos un sistema de plazos para la devolución de este dinero que pertenece legítimamente a todos los españoles.
  1. Revisión profunda del Estatuto del Trabajador Autónomo. Es hora de eliminar el sistema actual de trabajador autónomo que ha condenado a la pobreza y semiesclavitud a millones de españoles. Esta reforma debe incluir como líneas rojas la rebaja de la cuota de la Seguridad Social hasta un nivel en el que no peligre el sistema asistencial, la rebaja del IVA, no adelantar el IVA o IRPF de aquellas facturas no cobradas y el derecho a un desempleo en todo caso en función de los días cotizados.
  1. Rebaja del IVA. Para fomentar el consumo en un momento como el actual, proponemos la rebaja del IVA reducido a superreducido, en aquellos bienes cotidianos actualmente gravados al 10% (hostelería, alimentación, fitosanitarios…) y que constituyan una necesidad social. En ningún caso serán los bienes suntuosos o accesorios objeto de esta rebaja.
  1. España debe reducir sus impuestos razonadamente en el medio plazo, bajando los tipos impositivos de IRPF además del Impuesto de Sociedades. El objetivo de suavizar la presión fiscal es estimular la creación de empresas y la creación de empleo, de forma que se beneficie especialmente a aquellas que son más sensibles a los ciclos económicos y a la presión impositiva como son las pymes y micro-pymes.
  1. Depuración de responsabilidades. Los actuales gobernantes son los máximos responsables de esta crisis que se ha cobrado la vida de miles de españoles y ha destruido a miles de familias. Exigiremos responsabilidades judiciales y el cumplimiento íntegro de sus penas. 
  1. España necesita de una drástica reducción de la Administración Pública. El modelo de gasto público español es insostenible e ineficiente, con decenas de duplicidades y un sistema de asignación de subvenciones y ayudas que merecen ser puestos en duda e investigados. Esta carga se traduce en un sistema de impuestos que después no se ven reflejados en una estructura de servicios públicos de calidad. Necesitamos reorganizar la administración desde políticas de austeridad y eficiencia, y destinar el dinero a lo verdaderamente importante, la modernización de los servicios públicos.
  1. Esta crisis ha demostrado la importancia del sector primario español. Se hace necesario impulsar los sectores que más han perdido con la integración de España en la UE. Estos son el sector primario y el secundario. Para poder competir en el exterior con una economía nacional fuerte y resiliente a los ciclos económicos y eventos catastróficos, se hace necesario que la nación sea capaz de recuperar los pilares fundamentales de su economía: la agricultura, la ganadería, la pesca y la industria.

El estallido de la burbuja del turismo evidencia un crecimiento desmesurado pero frágil del sector terciario. España, no obstante, debe fortalecer también su industria turística, apostando por la calidad, la excelencia y la sostenibilidad medioambiental. 

  1. Repoblación de la España vaciada. La tierra fiscal (aquella cuyo propietario es el Estado) y a la que no se da ningún uso se estima en más de 1 millón de hectáreas. Esto se traduce en que hay terreno abandonado que puede ser destinado a impulsar los sectores primario y secundario. Debemos potenciar el desarrollo del campo para recuperar la riqueza económica y social de nuestros pueblos. 
  1. Rechazamos los planes de financiación propuestos desde Bruselas y Moncloa. Rechazamos los “coronabonos” porque es una irresponsabilidad mutualizar la deuda con otras naciones cuya realidad es tan distinta de la nuestra. Rechazamos frontalmente la deuda perpetua propuesta por diferentes sectores de la izquierda. No vamos a vender España a especuladores ni a fondos-buitre internacionales.

Cambios estructurales: Medidas a largo plazo

  1. Reorganización de la estructura del Estado. La crisis ha demostrado que el modelo autonómico no funciona. Las autonomías multiplican el gasto público exponencialmente, implican disponer de dieciocho gobiernos y otros tantos parlamentos en lugar de uno solo, a lo que habría que añadir multitud de organismos autonómicos que también se multiplican por doquier y son, además de un gran derroche, de dudosa utilidad.

El Senado carece de utilidad específica pues sus funciones las podría llevar a cabo una única cámara. Por ello debe reducirse el número de niveles administrativos y órganos del Estado y reinvertir ese dinero en políticas sociales.

19. Recuperación de la soberanía económica. La adopción del euro ha perjudicado gravemente la economía española, ha encarecido los precios y congelado (cuando no disminuido) los salarios. Exigimos la soberanía económica plena, incluída la emisión de moneda.

20. Nacionalización de los sectores energéticos del país. Los españoles, hoy más empobrecidos que nunca, no pueden seguir financiando las puertas giratorias de PP, PSOE y los nuevos partidos. Por ello, las empresas de luz, agua, gas e hidrocarburos deben ser nacionalizadas para transformarse en un servicio público a disposición del pueblo español, en lugar de ser un negocio privado para beneficio de unos pocos.

21. Eliminación de la financiación de partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. No es de recibo que mientras millones de españoles se ven obligados a recurrir a la beneficiencia, se estén financiando estas organizaciones privadas con dinero público y se destine a la creación y mantenimiento de redes clientelares que en numerosas ocasiones atentan contra el bien común.

22. La vivienda es un derecho para todos los españoles. Revisión del parque inmobiliario incautado por los bancos durante la crisis, de manera que se permita su acceso en condiciones ventajosas para aquellas familias sin vivienda, evitando las políticas especulativas de las subastas bancarias. 

23. Fortalecimiento de los servicios públicos en materia de Sanidad, Educación y Justicia. La crisis ha demostrado la vulnerabilidad de estos sectores esenciales para el pueblo español. Debemos fortalecerlos. España debe, además, consolidar su posición en los recursos destinados a la Defensa y control fronterizo. 

24. Plan de reindustrialización nacional. Para la entrada de España en la Unión Europea, Bruselas impuso a nuestro país la reducción de la flota pesquera, de la cabaña ganadera, las explotaciones agrícolas y también una durísima reconversión industrial. El coronavirus ha puesto de manifiesto el fracaso del mundialismo globalizador y ha puesto el foco sobre la necesidad de que cada país sea soberano para producir libremente aquellos productos, bienes y servicios que sacien sus necesidades, sin depender de potencias extranjeras.

Por ello deben gozar de la protección del Estado aquellos proyectos de interés general que contribuyan a industrializar el país. Esta protección debe asegurarse mediante la financiación de proyectos a través del ICO o interviniendo en la mejora de la actividad económica a través de un nuevo Instituto Nacional de Industria.

25. Creación de un Fondo Nacional de Grandes Inversiones. Este fondo, de titularidad pública, sería el encargado de llevar a cabo inversiones en aquellas áreas estratégicas para el Estado, como grandes infraestructuras, acceso a fuentes de energía y otras de interés general.

26. Reestructuración de la deuda pública. La deuda pública española se ha visto incrementada por las torpes decisiones de éste y de los anteriores gobiernos. El recurso a la deuda pública es a veces inevitable, pero no es deseable porque supone lastrar con sus intereses a las futuras generaciones.

Nuestra deuda pública está mayoritariamente en manos de intereses extranjeros, lo que genera injerencia política. Debido a esto, en la medida de lo posible se ha de iniciar una política de ajustes para amortizar esta deuda en un plazo inferior a una década y aprobar las medidas necesarias que impidan el endeudamiento, la adquisición de deuda por parte de terceros países y la quiebra económica del Estado.

27. Fomento de la natalidad. España necesita desde hace décadas aumentar naturalmente su crecimiento demográfico. El aumento de natalidad conlleva una riqueza natural para el país, la apertura de nuevas oportunidades y una visión de futuro que fortalece la economía, enriquece la sociedad y consolida la institución de la familia.

Para ello proponemos políticas activas pronatalistas que abarquen desde el acceso a la vivienda para las familias, una verdadera conciliación de vida laboral y familiar o la gratuidad de guarderías y centros de educación especial, entre otras medias.

28. Control de la inmigración y protección de fronteras. Condicionaremos la llegada y permanencia de los inmigrantes a las necesidades del mercado laboral español. Si hay españoles sin trabajo, se restringirá la entrada de mano de obra extranjera.

Los inmigrantes ilegales que se detecten en suelo español serán expulsados de inmediato, prohibiendo su reingreso por haber infringido la ley migratoria.

Se condicionará la permanencia del inmigrante legal a su respeto a las leyes, pudiendo ser expulsado por incumplimiento grave de las mismas y se restringirá la reunificación familiar a las personas directamente dependientes del inmigrante legal a los casos humanitariamente necesarios.

29. Impulso al I+D+I y a la retención del talento. La crisis actual ha demostrado la imperiosa necesidad de retener el talento y de invertir fuertemente en investigación y desarrollo. Por ello es necesario un Plan Nacional de I+D+I que impulse la ciencia y la tecnología del país a corto, medio y largo plazo.

30. Velar por la privacidad de los españoles y la transparencia informativa. El Gobierno ha comprado el silencio de los medios de comunicación y se ha inmiscuido en la vida privada de los españoles mediante las nuevas tecnologías. Velaremos por el derecho a la privacidad de las personas y por el acceso a una información veraz, sin subvenciones ni censuras.

31. Apuesta por la juventud como valor de futuro. No permitiremos el crimen de una juventud forzada al paro, como tampoco la desidia de aquellos que, siendo jóvenes, eluden su obligación de estudiar o iniciarse en el trabajo. Todos los españoles, y muy especialmente los más jóvenes, tienen el derecho y el deber de entregarse al ejercicio de una actividad laboral socialmente útil y digna. A su vez, el Estado tiene la obligación social de dar un puesto de servicio a todos y cada uno de los españoles físicamente útiles para desempeñar su labor.

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