Queremos a los golpistas en prisión y al separatismo ilegalizado

Unas nuevas elecciones autonómicas se vislumbran en Cataluña. Como era de esperar, la reacción del pueblo español que obligó al cobarde Gobierno de Rajoy a intervenir la Comunidad Autónoma ha sido desaprovechada.

El Gobierno de España aplicó de forma chapucera el artículo 155, sin retirar a los secesionistas su gran arma propagandística (el canal autonómico TV3) y dejando escapar a varios dirigentes secesionistas de sus procesos judiciales. Como si todo eso no fuera suficiente, la convocatoria de elecciones autonómicas fue una salida en falso de la que se vieron beneficiados Ciudadanos, la nueva marca política promocionada por los poderes económicos, y los mismos secesionistas que llevan tiempo llamando a romper la unidad de España bajo un eufemístico “derecho a decidir”. Ante la imposibilidad de que se forme un nuevo gobierno autonómico, unos por no disponer de la mayoría suficiente y otros por empeñarse en nombrar al fugado Carles Puigdemont, el escenario político de Cataluña se encuentra abocado a repetir las mismas elecciones autonómicas que irresponsablemente se convocaron hace meses. Los resultados no parece que vayan a ser muy diferentes, sin duda.

Sin duda, que los secesionistas pudieran reelegir a Carles Puigdemont como Presidente de la Generalitat dejaría en evidencia la imagen de nuestro país de cara al exterior. Y, sobre todo, el débil papel de España dentro de una Unión Europea cuyos miembros se han negado a cooperar con otro Estado con el que teóricamente comparten objetivos comunes. En vista de los pactos puntuales que recientemente ha tenido el Partido Popular con el Partido Nacionalista Vasco e incluso con Esquerra Republicana, no sería descartable esa nefasta posibilidad.

Como hemos manifestado durante muchísimos años, los falangistas tenemos muy claro que la única solución al conflicto secesionista pasa por ilegalizar los partidos políticos y asociaciones secesionistas de toda índole, sin olvida la necesidad de recuperar la competencia educativa para el Estado. Es vergonzoso y atenta contra el más básico sentido común que un Estado consienta y contribuya a la destrucción de la propia comunidad humana y política que legitima su existencia. Sin embargo, desde el partido gobernante a nivel nacional no se plantea resolver al problema como se debería, sino aplicar parches como las denuncias anónimas a los maestros adoctrinadores del secesionismo; sin olvidar que otras formaciones parlamentarias incluso apoyan conceder más autonomía, incluso el reclamado referéndum, a los secesionistas.

Hay que arrebatar el debate sobre la soberanía tanto a los secesionistas como a los constitucionalistas. El Estado de las Autonomías y la Unión Europea, que son defendidos por ambos sectores, han diluido la soberanía de España como nación. Falange Española de las JONS defiende que la única soberanía es aquella que permite a un Estado gobernarse conforme a sus intereses y al bien de su pueblo. Y esa soberanía no la tendrá nuestro país mientras los dirigentes políticos de diversos signo, presuntamente enfrentados, la prostituyen en beneficio de sus particulares intereses.

Falange Española de las JONS

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