No renunciaremos a la Justicia en el final de ETA

ETA anuncia su autodisolución. Tras la teórica tregua que han mantenido los terroristas durante los últimos años, ahora anuncian su retirada de la escena política. No hay duda que para el secesionismo ya no son necesarios.

Los distintos gobiernos socialistas y populares han consentido que sus discursos de odio al pueblo español calaran entre los vascos, gracias sobre todo a la cesión educativa a las autonomías. ETA quiere desaparecer porque, tras supervisar cómo su brazo político gana poder institucional y apoyos sociales, el terrorismo no resulta útil. La infiltración en movimientos sociales y los tontos útiles que a nivel estatal apoyan a los abertzales (Izquierda Unida, Podemos, organizaciones secesionistas y demás grupos violentos de la extrema izquierda “antifascistas”) son el presente y el futuro de su estrategia, quedando el terrorismo como una justificación del pasado necesaria para comprender el movimiento actual.

Por desgracia, las miles de víctimas que el terrorismo etarra ha causado al pueblo español no entienden de estrategias políticas. Tampoco los más de trescientos asesinatos sin resolver. La autodisolución de ETA es una burla a los entornos de los asesinados, sobre todo cuando desde las instituciones se apuntan a la tabula rasa promovida por los terroristas y hablan de tiempos nuevos en Vascongadas. Pese a los guiños que especialmente el Partido Popular ha brindado a algún sector de las víctimas del terrorismo, debe denunciarse cómo el partido gobernante ha aceptado la puesta en libertad de terroristas por orden del Tribunal Europeo de Derechos Humanos bajo la excusa de acatar el funcionamiento del Estado de Derecho. Aquella repugnante decisión de hace cinco años podría volver a repetirse en caso de que Gobierno y terroristas hayan negociado la puesta en libertad, el acercamiento o la mejora de condiciones de los presos etarras. Todo lo que ha venido sucediendo desde las negociaciones confesas del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero hasta las legislaturas de Mariano Rajoy nos obligan a sospechar que, una vez más, se ha cedido la dignidad del pueblo español ante el chantaje terrorista.

Los falangistas no queremos ver a los terroristas ganar la batalla a los españoles. Por eso, exigimos que el Estado de Derecho se ajuste a sus funciones y sirva al cumplimiento de la Justicia. Que la unidad de España no sea amenazada por los propios representantes institucionales y que la sangre vertida por el terrorismo no quede impune. No son objetivos imposibles de cumplir, basta con tener voluntad de servir al pueblo español desde el Estado. Pero para ello necesitamos un Estado libre de corruptos, cobardes y cómplices del terrorismo.

Falange Española de las JONS

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