Nueva imputación de la infanta Cristina: La monarquía roba a los españoles

1113076332_extras_ladillos_1_0La infanta Cristina es imputada por segunda vez, sobre el argumento de que habría participado a sabiendas, con su nombre y apellidos, en la sociedad instrumental Aizoon para servir de “escudo fiscal” ante Hacienda, a propuesta de un asesor. Y lejos de vanas sospechas, el juez José Castro lo justifica en su auto de 227 páginas, el magistrado sitúa a Cristina de Borbón en el epicentro de un complejo “sistema” encaminado a “defraudar reiteradamente” a Hacienda impulsada por “un plus de codicia” y detalla cómo durante ocho años, blanqueó los fondos públicos recaudados por el instituto “sin ánimo de lucro” que presidía su marido.

Una estrategia delictiva planificada

El juez Castro comienza desmontando en su auto la teoría esgrimida hasta el momento por la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria, la Abogacía del Estado y la propia defensa de la hija del Rey, en realizada por un separatista amigo de la Casa Real, consistente en que “no era consciente” de las irregularidades que cometía. Hasta el momento, el Ministerio Público ha sostenido que no basta con que Cristina de Borbón figurara como accionista de su sociedad para atribuirle los delitos cometidos a través de ella y responsabiliza en exclusiva de todas las irregularidades a su marido.

El magistrado recuerda que los dos únicos partícipes al 50 % de la sociedad familiar Aizoon son los duques de Palma. Pero también resalta que ambos son cónyuges, y se repartían temporalmente la presidencia de la entidad y contrataban personal a sabiendas de que los contratados nunca habrían de prestar servicios para la sociedad. Asimismo, subraya que a Aizoon “se cargaban gastos personales del matrimonio” y que Urdangarin y la Infanta “compartían tarjetas de crédito”. Por si fuera poco, decidieron radicar la entidad en su propio domicilio. Por todo ello, considera que no es lógico pensar que la aún Infanta no sabía nada de cuanto acontecía.

Los duques de Palma, asociados para el delito

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma atribuye a la hija del Rey un papel de cooperadora necesaria en las prácticas delictivas de su marido, al que Anticorrupción considera responsable, entre otros, de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, falsedad documental y contra la Hacienda pública. Se produjo evasión y fraude fiscal “ideando un sistema de contratación ficticia de personal que permitiera a sus sociedades hacerse acreedoras a unos beneficios fiscales consistente en la libertad de amortización del artículo 109 del texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades”. No en vano, la inmensa mayoría del personal oficialmente contratado por Aizoon era fantasma. Por ello se hacía necesaria la creación de un escudo fiscal en la persona de Cristina de Borbón.

También servía Aizoon para que el duque de Palma “facturara servicios personalísimos” sustrayéndolos así de las declaraciones de la Renta». No en vano, también acredita el magistrado que la sociedad cobró más de un millón de euros de manos de grandes empresas privadas por asesorías que jamás fueron prestadas por el duque de Palma y de las que no consta el más mínimo rastro documental, demostrando un “plus añadido de codicia”, para lo cual se realizaron prácticas como autoalquileres, compras ficticias y facturas por trabajos no realizados, pagadas por organismos públicos con el dinero de todos los españoles.

Toda una trama delictiva bien planificada, cuyo objetivo final era defraudar para enriquecerse, con dinero público y privado, amparándose en la posición social de los duques de Palma. Un buen ejemplo para el pueblo español, de que la monarquía borbónica roba a los españoles, sin aportar nada a cambio: el rey Juan Carlos, según afirma la prensa, se habría desentendido en los años ochenta del asunto Gibraltar, y poco o nada ha hecho para terminar con temas como el separatismo, el aborto o la miseria de parte del pueblo español. Entonces ¿Para que sirve tener un rey? Al parecer, para poder robar chapuceramente, aprovechando una anacrónica situación de privilegio, heredada del régimen franquista y consagrada en una inútil Constitución.