El Congreso de los Diputados aprobó ayer la admisión a trámite de la Propuesta de Ley presentada por el PSOE para legalizar la eutanasia. En un texto plagado de eufemismos y falsedades –la primera de ellas decir que responde a una “demanda sostenida de la sociedad”- se pretende dar legalidad al hecho de que una persona mate a otra persona, sin que el verbo matar aparezca por ninguna parte, claro está.
La propuesta socialista no extiende el “derecho a ser matado” a cualquier mayor de edad que libremente lo solicite (lo que sería igualmente aberrante) sino que reduce el acceso a la eutanasia a enfermos crónicos y a discapacitados, dando a entender que la vida de estas personas es menos digna.
El Proyecto de Ley hace recaer en los profesionales médicos –cuya misión es proteger la vida, no acabar con ella- no sólo la ejecución final del solicitante, sino la comprobación de que el mismo cumple los requisitos establecidos en la Ley. Por ejemplo, los médicos deberán acreditar que la solicitud de ser matado no responde a presiones externas, por lo que los médicos habrán de hacer también de detectives.
La propuesta reconoce el derecho de los profesionales médicos a la objeción de conciencia, afortunadamente. Eso hará que la inmensa mayoría no quieran dar muerte a sus pacientes, por lo que previsiblemente se creará –como sucede en los países donde la eutanasia es legal- un nuevo negocio de la muerte. “Clínicas” privadas realizarán todos los trámites y doctores sin escrúpulos ejecutarán a los desesperados solicitantes que, previamente, habrán de entregarles una suma importante de dinero. Como la eutanasia estará incluida en la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública incluso cuando se practique en el domicilio particular de la persona solicitante, las comunidades autónomas pagarán con dinero público a las clínicas de la muerte por sus servicios. Todo ciertamente macabro.
Para los falangistas, nada ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente, sea feto o embrión, niño o adulto, anciano, enfermo incurable o agonizante. Tenemos la firme convicción de que nadie puede pedir este gesto homicida para sí mismo o para otros confiados a su responsabilidad, ni puede consentirlo explícita o implícitamente. Y por extensión, creemos que ninguna autoridad sanitaria, política (y mucho menos un parlamento) puede legítimamente imponerlo ni permitirlo, por tratarse de una ofensa a la dignidad de la persona humana, de un crimen contra la vida y de un atentado contra la humanidad.
Lo digno es defender la vida. No a la eutanasia.
Falange Española de las JONS
