En las últimas horas hemos escuchado a varios presidentes de comunidades autónomas y líderes políticos reclamar la coordinación por parte del Ministerio de Educación de los protocolos a seguir en la vuelta al colegio.
Cinco meses después de que tuviesen que suspenderse las clases presenciales a causa de la pandemia y cuando apenas quedan unos días, la mayoría de las autonomías no tienen preparados sus protocolos para que la “vuelta al cole” se haga de forma segura y viable para alumnos, padres, profesores y personal de los centros educativos.
Aquellos que defienden el modelo autonómico y presumen de su eficacia no han parado de lanzar argumentos para darnos la razón a quienes sostenemos lo contrario. “No puede haber 17 vueltas al cole diferentes”, ha señalado Pablo Casado, Presidente del PP. “No tiene sentido que en cada comunidad tomemos decisiones distintas”, apuntaba en idéntico sentido el Presidente de Andalucía, el también popular Juan Manuel Moreno. Manifestaciones similares ha realizado del mismo modo el Presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoo y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
Lamentablemente, lo que ha motivado estas declaraciones no es un arranque de sensatez de los políticos del régimen ante la constatación del fracaso del modelo autonómico. Se trata de la cobardía de unos dirigentes que, teniendo la competencia educativa y sanitaria en manos de sus comunidades autónomas, prefieren trasladar la responsabilidad al Estado central en previsión de que una mala gestión pueda tener para ellos consecuencias políticas o, incluso, penales.
Si no se ven capacitados para ejercer dichas competencias ¿por qué no las devuelven al Estado central y así el Ministerio de Educación y el de Sanidad recuperan alguna función ejecutiva real y dejan de ser un adorno?. Solo hay una razón: porque rechazan la responsabilidad del ejercicio del gobierno pero pretenden mantener los privilegios.
Los falangistas, en cambio, mantenemos una posición coherente con nuestro rechazo del modelo autonómico que ha quebrado el sistema educativo español. Queremos que, como paso previo a la eliminación de las 17 autonomías, retornen cuanto antes las principales competencias a la administración central: educación, sanidad, seguridad, hacienda… Así hasta la completa desarticulación de un modelo insostenible económicamente, que ha facilitado el avance del secesionismo y que ha ahondado en la división y la desigualdad entre los españoles.
Una nación, un solo modelo educativo.
