Si por fin llega la aplicación del Artículo 155 de la Constitución, tal y como anunció el sábado Mariano Rajoy, lo hará con mucho retraso, aunque ciertamente sea necesaria su aplicación. De haberlo hecho hace ya años como veníamos pidiendo los falangistas, apenas producidos los primeros incumplimientos legales por parte de los secesionistas, no se habría llegado tan lejos por su parte.
En cualquier caso, siendo la destitución del Govern de la Generalitat una medida necesaria -en realidad deberían ser detenidos y procesados todos los miembros del Gobierno autonómico- el haber limitado en el tiempo esta medida a sólo seis meses como mucho para convocar en ese periodo de tiempo unas elecciones autonómicas con los mismos actores es un grave error.
Las circunstancias habrán variado poco en este tiempo. El bloque separatista continuará maniobrando desde la ilegalidad para llevarse el gato al agua, pudiendo incluso presentarse en una única candidatura que, por efectos de la Ley D’Hont, reforzaría su mayoría parlamentaria actual.
Sólo si la Justicia ha ilegalizado previamente a los partidos políticos que apoyan el separatismo será aceptable una nueva convocatoria electoral autonómica. Los artículos 515 y 520 del Código Penal prevén la ilegalización de las asociaciones (un partido es una forma de asociación) que tengan por objeto “cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión”, cosa flagrante en el caso de los secesionistas.
¿A quién se le ocurre que los partidos que han promovido un golpe de Estado secesionista puedan volver a presentarse en las siguientes elecciones? ¿Es una broma? Más bien forma parte del cálculo electoralista de PP, PSOE y Ciudadanos, que buscan en estos graves momentos el beneficio propio por encima del beneficio de la nación atacada por el separatismo.
