El gobierno busca dar un nuevo golpe de Estado a la transparencia. Bajo la escusa del ahorro y de la austeridad, baraja la eliminación del Defensor del Pueblo, y de los Tribunales de Cuentas autonómicos. Cierto es que el defensor del Pueblo es una figura vacía que poco o nada hace por el pueblo al que dice defender, cada día peor maltratado por la administración, pero no es menos cierto que esta sugerencia se enmarca dentro de un escenario en el que los tribunales de cuentas se encuentran estudiando las contabilidades de partidos, fundaciones y sindicatos.
El PP busca, en realidad, tapar sus irregulares cuentas eliminando al censor. Matando al mensajero, tienen vía libre para seguir manteniendo un sistema contable que raya lo ilegal. Todo el mundo sabe que un partido político es una entidad sin ánimo de lucro, por lo tanto no se corresponde el Patrimonio que en la actualidad mantiene PP, IU, PSOE con sus ingresos oficiales.
Lo que haría falta de verdad, para ahorrarse bastante más que esos 230 millones de euros, es eliminar el sistema autonómico de raíz, con todas sus ramificaciones: sociedades mercantiles de propiedad pública, comisiones de investigación, Senado, parlamentos regionales, subvenciones a partidos y sindicatos y organizaciones empresariales y así un sin fin de microesferas de poder que forman amplios racimos de corrupción.
Los falangistas queremos una España honorable y transparente, en la que la que los partidos políticos no perjudiquen al ciudadano. ¿Nos ayudas?
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