Las eléctricas deben reembolsar parte de lo que han cobrado de más a los españoles (alrededor de unos 30 euros de media). El motivo: las tarifas fijadas en enero por el Gobierno han sido mayores a las del mercado al cierre del primer trimestre. Pero las compañías consideran que a 10 millones de usuarios no les corresponde la devolución, al estar bajo contrato o en el mercado libre. No se rigen, por tanto, por la tarifa regulada. Sólo la usan de referencia para fijar sus propios contratos.
Ante este escenario, las eléctricas consideran que no tienen obligación ahora de devolver dinero a estos usuarios si el precio regulado ha cambiado a la baja. De hecho la mayoría de ellas no tienen ninguna intención de reembolsarlo. Un nuevo atropello, una nueva forma de latrocinio a los españoles.
Por ello los falangistas siempre hemos propuesto la nacionalización de los sectores energéticos: Primero, porque son industrias estratégicas que no deben estar en manos privadas, y segundo, para evitar el negocio de un servicio básico como la electricidad, que nos aporta iluminación, frío y calor en tiempos extremos, y la capacidad tan básica como es poder cocinar los alimentos.
Falange Española de las JONS
