FE JONS denuncia el último asalto a la autonomía judicial por parte de la partitocracia. Pese al tenor literal del artículo 122.3 de la Constitución (que establece que el órgano de gobierno de la Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, se compone de 20 miembros, 12 de ellos elegidos entre los jueces y magistrados, 4 por el Congreso y los otros 4 por el Senado elegidos por mayoría de 3/5), tal disposición sólo se respetó hasta 1985, pasando entonces a ser elegidos todos sus miembros por el Parlamento (10 por el Congreso y 10 por el Senado, algo incompatible con el artículo 122.3 de la Constitución, excepto para el Tribunal Constitucional, que siempre complaciente con la partitocracia, no vio tal incompatibilidad…).
Pese a la intromisión flagrante de los partidos políticos en la Justicia (que no quieren que escape a su control, ya que -entre otras cosas- es ella la que debe juzgar sus corrupciones y la legalidad de sus decisiones), al menos sí se respetó siempre la exigencia de una mayoría de 3/5 del Parlamento para su elección, lo que obligaba a ponerse de acuerdo a los principales partidos, haciendo que el “reparto”, sin dejar de ser vergonzoso, permitiera al menos vetar nombramientos inaceptables para unos u otros. Esa mayoría cualificada atenuaba un poco los efectos perniciosos de un sistema de elección ya de por sí perverso, y es precisamente eso lo que ahora la coalición PSOE-Unidas Podemos quiere eliminar, pasando a ser suficiente la elección por mayoría absoluta (algo imposible de cuadrar con el artículo 122.3 de la Constitución, salvo para el Tribunal Constitucional, que es capaz de cuadrar un círculo si eso complace al poder partitocrático…).
La táctica de utilizar la vía de la Proposición de Ley de los partidos que apoyan al Gobierno, en lugar de ser éste el que presente un Proyecto de Ley (que sería lo lógico), sólo busca hacer innecesario recabar los informes preceptivos del propio Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal, y de esta forma acelerar el proceso de reforma y evitar que alguno de estos órganos se muestre contrario a la aprobación de la misma (como seguramente sucedería), lo que demuestra el desprecio del Gobierno a las instituciones y su intención perversa de politizar la Justicia y tenerla controlada. Hasta ahora todos los partidos políticos han participado en el “reparto” sin el menor pudor, pero esta reforma pretende dar un paso más en esa dirección y destruir la poca autonomía que aún quedaba en el ámbito judicial, algo que desde FE JONS condenamos de forma enérgica.
Hasta que los partidos políticos -todos, sin excepción- no saquen sus sucias manos de la Justicia y permitan su verdadera autonomía, ésta no podrá gozar de la confianza de los españoles y seguirá estando desprestigiada, pues seguirá siendo sumisa a los dictados y conveniencias de la partitocracia. La autonomía y el respeto a la diversidad de funciones (otros hablan de “división de poderes”, aunque el poder por definición es único) propias de un Estado de Derecho, exige que las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales no sean controladas y contaminadas por los partidos políticos, de forma que cada institución funcione por sí misma con plenas garantías. Eso en España hoy no sucede más que teóricamente, y si esta reforma sale adelante, lo será aún menos.
¡¡Basta de partitocracia corrupta!!
